Posiblemente, para los tucumanos que nacieron a comienzos de la década de 1970 son parte del paisaje. Su presencia sale de la invisibilidad cuando en las diferentes celebraciones populares pueblan las peatonales. Es normal encontrarlos a diario en las calles adyacentes de la Casa de Gobierno, vendiendo CDs y DVDs, ropa, calzados, anteojos, ollas, candados, juguetes; también en otros sectores de la ciudad. Y aunque la venta ilegal está penada por la ley, esta no les altera el pulso a los gobernantes.
La Federación Económica de Tucumán (FET) informó a fines de octubre que los puestos multirrubros son los que más venden y más abundan en el microcentro, y llegan a 118. Comercializan los mismos objetos que muchos negocios, a precio menor. Los puestos de ropa nueva o usada también son 739, repartidos entre negocios en las calles y en las ferias.
El último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) indica que San Miguel de Tucumán es la cuarta ciudad con más vendedores ambulantes y puestos dentro de un mapa de referencia de ferias; suman 1.403. El primer lugar lo ocupa Lomas de Zamora (Buenos Aires), con 11.014, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 9.298 puestos ilegales y Trelew (Chubut), con 1.489. El sondeo de la entidad en 160 ciudades de las 24 provincias, reveló que en octubre había 370 "saladitas" en el país, 35 más que en julio -cuando se efectuó el anterior relevamiento-, con un total de 27.052 puestos. La venta ilegal en el país alcanzó en octubre los $ 2.200 millones. En San Miguel de Tucumán, la comercialización en el mercado informal llegó a los $ 88 millones, lo que representa un 4% del monto total a nivel nacional.
En 2001, la ilegalidad se trasladó a otros rubros como el lavado callejero de autos, cuando muchos de los que hoy lavadores se quedaron sin trabajo. A lo largo de 600 metros sobre la avenida Wenceslao Posse se estima que hay más de 70 lavaderos que efectúan su labor a mitad del precio que se paga en un negocio.
La venta ilegal viene escribiendo parte de la historia en Tucumán desde hace más de cuatro décadas. En 1971, los ambulantes estaban instalados en la esquina de Maipú y Mendoza. Según las crónicas de nuestro diario, a mediados de los 80, a principios de los 90 y tras la crisis de 2001, la cantidad de cuentapropistas en el microcentro se fue incrementando, al ritmo de las debacles económicas. Si al principio eran contados con los dedos de la mano, con el transcurrir del tiempo, el número de vendedores informales fue incrementándose notablemente. Durante ese transcurso hubo disposiciones que intentaron regular su presencia en el centro, traslados a otras zonas de la ciudad, fallos judiciales.
El 11 de noviembre de 2006, la Justicia le dio un plazo de 30 días al municipio de San Miguel de Tucumán para sacar a los vendedores ilegales del centro, pero hasta la actualidad no fue cumplida, con lo que incurrieron en desacato.
¿Qué ocurriría si los comerciantes decidieran no pagar más los impuestos hasta tanto no se erradicara la venta ilegal? ¿Qué medidas tomaría la autoridad? ¿Cómo subsistiría con el erario enflaquecido? ¿Les aplicaría las leyes en vigencia? ¿Les clausuraría los negocios? ¿Les iniciaría un juicio? ¿Por qué a unos se les exige que cumplan con sus deberes y a otros no? Si el gobierno municipal no acata una orden de la Justicia, ¿cómo puede pedirles o exigirles a los tucumanos que no transgredan las leyes?